Conforme a los acuerdos con el Grupo de Lima, el Gobierno de Mauricio Macri prohíbe de entrada al país de 426 funcionarios del chavismo. Bajo el título “Medidas adoptadas por Argentina contra el régimen ilegítimo de Maduro“, se emitió un comunicado. La lista con los nombres no fue divulgada.

La misiva indica que los países miembros del Grupo de Lima acordaron que adoptarían con posterioridad al 10 de enero de 2019 – fecha de inicio de un nuevo período del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro-, medidas para restaurar la democracia en Venezuela. “Argentina prohibió el ingreso a la República de altos funcionarios y personas estrechamente vinculadas al régimen venezolano”, se lee en la nota.

Elisa Trotta es la embajadora del presidente interino reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, en Argentina. En su cuenta Twitter agradeció la decisión. Esta diplomática no despacha en la embajada de Venezuela en el país. Los representantes de Maduro siguen en la sede. Con una actividad diezmada porque Macri no los reconoce.

La prohibición fue recientemente ampliada y alcanza a 426 personas, incluyendo a la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno de Maduro. Esa instancia paralela al Parlamento venezolano tiene 545 miembros. Los “constituyentes” que responden al chavismo allanaron la inmunidad parlamentaria de varios diputados de la Asamblea Nacional que ahora están presos, resguardados en alguna embajada o en el exilio.

La Cancillería de la Nación también divulgó la suspensión del acuerdo entre Argentina y Venezuela para la supresión de visados en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio. Y emitió alertas a entidades bancarias y financieras sobre los riesgos de operar con el Gobierno de Venezuela o con empresas que son propiedad o se encuentran bajo el control del Estado venezolano. Asimismo suspendió toda cooperación militar con el régimen de Maduro.

El 10 de enero pasado, cuando se juramentó Maduro, Argentina ratificó su pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en ese país, tal como sostienen también los gobiernos de Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía (integrantes del Grupo de Lima).

En el comunicado se destaca que esas medidas tienen como objetivo “propiciar el retorno de la democracia en Venezuela, al afectar exclusivamente a los sujetos vinculados al régimen dictatorial de Maduro, no así al pueblo venezolano, a quien nuestro país ratifica nuestra solidaridad y respaldo en su lucha por la libertad y el respeto de los derechos humanos”.

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