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6 de enero de 2023

Gerardo Zamora consiguió un expediente de los Tribunales de Comodoro Py de manera ilegal, luego eliminó la foto de sus twitter cuando se dio cuenta

El gobernador filtró por Twitter imágenes de la causa que abrió contra el vocero de Rosatti, pero luego las eliminó. Eligió al tío de su esposa, el juez Guillermo Molinari para hacer la denuncia, pese a que el delito supuestamente se cometió en CABA. Su tío-juez le permitió acceder al expediente de Comodoro Py, pese a que no es querellante.

Gerardo Zamora protagonizó una escandalosa incursión en la llamada causa de los chats, rol que intensificó desde la última visita del presidente Alberto Fernández, quien le habría pedido mayor protagonismo en su papel de presidente pro témpore de Gobernadores del Norte Grande. Aunque tampoco se descarta que busque visibilidad en el ring nacional, con vistas a lanzar en alguna fórmula este año, como se rumorea.

Zamora comenzó un encarnizado ataque –desde hace un par de meses- contra el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, con una sucesión de burdas maniobras. Ya había sido advertido de que sería denunciado junto con sus pares y el propio presidente por desconocer un fallo de la Corte Suprema que restituyó a CABA un porcentaje de la coparticipación secundaria, que le corresponde a la Nación, sin tocar lo que reciben las provincias. Alberto luego retrocedió y afirmó que pagaría en bonos, pero se lo rechazaron, y esta semana insistió con un juicio político contra Rosatti, respaldado por Zamora.

La segunda maniobra temeraria de Zamora consistió en denunciar penalmente por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario a Silvio Robles, el vocero del presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, por los chats con el secretario de Seguridad Marcelo D’Alessandro y otros, que ilegalmente fueron capturados –y presuntamente manipulados, según los implicados- por servicios de inteligencia y publicados por medios afines al gobierno para que la justicia los investigara.

Pese a que Alberto prometió “terminar con los sótanos de la Democracia”, todo indica que fue un operativo de elementos vinculados a la inteligencia para hackear celulares, al obtener chips de celulares de los implicados para crear un “espejo”, donde se registran en simultáneo todas las actividades de los teléfonos intervenidos.

Por supuesto que ese espionaje es ilegal y conviene recordar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”: es nula una causa que parta de elementos obtenidos de forma ilícita. Por eso los espías –santiagueños también- almacenan información obtenida sin orden judicial para “consumo interno”, porque no puede ser utilizada legalmente.

Zamora eligió interponer la denuncia en el juzgado federal Nº1 de Santiago del Estero, a cargo de Guillermo Molinari, tío de su esposa, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien accedió a ese cargo con indisimulable apoyo del gobernador. Lo mismo ocurrió con el juez federal Nº2, Sebastián Argibay, expresidente del Superior Tribunal a quien premió por haber emitido el escandaloso fallo que le permitía violar la Constitución que él mismo reformó y buscar una segunda reelección, ambición que la Corte Suprema sepultó, pero que burló al fin de cuentas al impulsar a su esposa. En síntesis: se trata de jueces federales de máxima confianza colocados en esos cargos para cuidarle las espaldas en ese frente.

Lo sugestivo del caso es que Molinari se declaró incompetente, pero hizo lugar al pedido de pruebas de Zamora ese mismo lunes, pese a que, si hubiera existido delito en los chateos, se habría cometido en CABA y no en Santiago del Estero, por lo que hubiese correspondido acudir al juzgado de turno de Comodoro Py. Zamora se aferra al argumento de ser damnificado porque en los intercambios entre Robles y D’Alessandro supuestamente se hace referencia a la medida cautelar que reintegró coparticipación podada por Alberto Fernández, en detrimento de la provincia. Algo falaz porque la cautelar ordena descontar los fondos de la parte que le corresponde a Nación, no a las provincias.

Lo grave es que Molinari a todas luces no era competente para intervenir en esa causa. Y lo primero que hizo fue mandar a secuestrar con la Policía Federal los celulares de Silvio Robles, por pedido de alguien que ni siquiera había sido constituido como querellante. No obstante, el vocero no se encontraba en el país y a través de sus abogados se puso a derecho ante Molinari, a quien informó de la imposibilidad de entregar sus celulares porque no estaba en Argentina.

Zamora publicó en sus redes sociales capturas del expediente, que luego borró, porque dejaron en evidencia que gracias a Molinari tuvo acceso a la causa cuando ni siquiera es parte. “Robles pidió este miércoles que se deje sin efecto la polémica decisión de darle acceso al gobernador de esa provincia, Gerardo Zamora, en la causa que éste abrió contra él”, advirtió el diario Clarín.

“Además, el gobernador K difundió el Twitter el número de celular de Robles y éste está recibiendo amenazas de insultos –se advirtió-. Desde el martes, Robles -que está de vacaciones en el exterior- se puso a derecho frente al juez Molinari y lo recusó por no ser el juez natural”, acotó el mismo medio.

Clarín y Perfil coincidieron en que “el juez Molinari le permitió al denunciante acceso irregular al sistema Lex 100 del Poder Judicial de la Nación y lo presenta como el ‘Sr. Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora’ y no solo por su nombre en la medida que es denunciante”.

El diario también atribuyó a Zamora la maniobra de “Forum Shopping”, consistente en “elegir el juez amigo” en Santiago del Estero y no en la Capital Federal donde se hackearon los chats, además de notar que el gobernador “actuó solo y únicamente en carácter de denunciante”.

El código procesal penal de la Nación, en su artículo 204, dispone la “veda absoluta de conocer cualquier circunstancia del proceso. Frente al expediente es, al decir de la ley procesal, un extraño. El conocimiento de las causas penales se encuentra estrictamente reservado a las partes, y vedado absolutamente a los extraños”, explicó a Clarín Guillermo Ledesma, el abogado de Robles.

Esa irregularidad, además de una causal de mal desempeño, podría importar un abuso de autoridad por parte del juzgado interventor.

Ledesma recordó que el artículo 204 dice textualmente que “el sumario será público para las partes y sus defensores, que lo podrán examinar después de la indagatoria, dejando a salvo el derecho establecido en el segundo párrafo del artículo 106. Pero el juez podrá ordenar el secreto por resolución fundada siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, exceptuándose los actos definitivos e irreproducibles, que nunca serán secretos para aquéllos”.

“La reserva no podrá durar más de diez (10) días y será decretada sólo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados. El sumario será siempre secreto para los extraños”, subrayó.

El letrado sostuvo que último párrafo dice claramente “`el sumario es secreto para los extraños’, por lo que el juzgado y el gobernador violaron la obligación de secreto. Puede importar el delito de violación de secretos”.

En tanto, el artículo 157 del Código Penal sostiene que “será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.

Pero estas minucias legales para Zamora no lo frenaron en su búsqueda de introducirse –ilegalmente, según la defensa de Robles- en la causa del hackeo, con un inusitado protagonismo en el ataque por elevación a Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Tan apremiante como torpe fue su intervención -quizás acostumbrado a la cohabitación de los poderes en la provincia-, que hasta pospuso sus vacaciones de enero, mes en el que suele desaparecer con su familia para pasear por destinos privilegiados, aunque nunca haya sido visto en ninguna empresa aérea de línea. Al final, sus tretas podrían tener un efecto búmeran.

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