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POLITICA

4 de enero de 2023

El Presidente y 11 gobernadores impulsan juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema

Tras el encuentro en el que participaron ocho mandatarios provinciales con el Presidente, la decisión se tomó "en virtud del mal desempeño de funciones" de los cuatro magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La iniciativa del presidente Alberto Fernández en el marco del conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación, para la cual la Casa Rosada buscó respaldo en una reunión realizada este mediodía, consiguió el apoyo de once gobernadores que decidieron apoyar el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema.

La decisión de la Casa Rosada surge a partir de trascendidos obtenidos a partir de hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal, que pusieron bajo la lupa a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. Desde hace un mes se están filtrando conversaciones al menos polémicas entre Marcelo D’Alessandro, funcionario porteño muy cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y distintos operadores judiciales y empresarios, entre ellos Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Silvia Majdalani, ex número dos de la AFI, y Marcelo Violante, titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires.

Además de la firma del Presidente, aparecen al final los nombres de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, dijo que en el documento que enviarán a la Cámara de Diputados se expondrá "una multiplicidad de hechos" irregulares atribuidos al máximo tribunal y detalló que van desde "la violación de la Ley de Ética Pública" hasta el mal desempeño "a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080", que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.

A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de "manifiesta parcialidad" en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).

"Las provincias argentinas nos sentimos damnificadas por la asignación de recursos de una manera antojadiza. No es cierto que no nos afecta. Nos afecta. Consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias argentinas y del federalismo es una bandera irrenunciable, porque es la base para lograr equidad e igualdad" expresó Capitanich.

El mandatario santiagueño Gerardo Zamora señaló que la Corte desoyó y "ni siquiera contestó" tres presentaciones realizadas por los gobernadores en el caso de los fondos por la seguridad porteña. Añadió que esa situación "se agrava muchísimo" luego de que se conocieran los chats entre el director de la vocalía y estrecho colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro.

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó que la decisión tomada por el Presidente y los mandatarios provinciales "no tiene antecedentes". Y sostuvo que la Corte avanzó sobre "atribuciones que no les son propias" y que corresponden a los restantes poderes del Estado.

El Gobierno ya confirmó que ingresará mañana mismo por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el pedido de juicio político contra Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y Maqueda, argumentando que “conductas llevadas adelante por los magistrados resultan susceptibles de ser encuadradas en la noción de mal desempeño en el ejercicio de su cargo”.

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