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2 de diciembre de 2022

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal exhortó a cumplir el fallo de la Corte por el Consejo de la Magistratura

El pronunciamiento llega en medio de la tensión por la integración del órgano encargado de elegir y destituir jueces

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal exhortó este viernes a las autoridades nacionales “a respetar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” sobre la integración del Consejo de la Magistratura, para que pueda funcionar el organismo que selecciona y controla a los jueces. “La ciudadanía no puede quedar como rehén de disputas políticas que sólo persiguen el propósito de obtener más representantes en el Consejo de la Magistratura e influir así en la justicia”, advirtieron.

Precisamente, en el organismo aún falta definir qué pasará con los cuatro senadores enviados por la Cámara alta. Este jueves hubo un escándalo en Diputados luego de que se anulara la resolución que designaba a sus cuatro representantes.

El Colegio Público, que preside el ex juez Ricardo Gil Lavedra, advirtió su “profunda preocupación” por la situación actual del Consejo de la Magistratura de la Nación, “el órgano al que la Constitución otorga la relevante facultad de seleccionar a los candidatos a jueces y juezas, sobre la base de su idoneidad”.

Según se planteó, “la falta de avance en la definición de las y los representantes institucionales conforme lo establece la Constitución y la ley, amenaza con paralizar por completo los procesos de selección de magistrados y magistradas”.

El comunicado reseñó que, según datos del propio Consejo de la Magistratura, 240 cargos, casi el 25% de la totalidad del Poder Judicial de la Nación, se encuentran vacantes. Y que 165 de estas vacantes están en trámite ante el Consejo. “Esta enorme cantidad de vacantes no sólo compromete la eficaz prestación de los servicios de justicia, sino que pone en riesgo el acceso al ella”, advirtieron desde la entidad que preside Gil Lavedra.

“Exhortamos a las autoridades nacionales a respetar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a encontrar los consensos necesarios para poder continuar con la importante labor del Consejo: elegir a los mejores candidatos y candidatas a la magistratura y cumplir con el mandato constitucional de afianzar la justicia. La ciudadanía no puede quedar como rehén de disputas políticas que sólo persiguen el propósito de obtener más representantes en el Consejo de la Magistratura e influir así en la justicia”, agregaron.

Y completaron: “Los abogados y abogadas queremos y necesitamos, para poder desarrollar nuestra profesión, que la justicia funcione adecuadamente y con jueces probos e independientes”.

Actualmente, al Consejo de la Magistratura lo integran 20 miembros. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, encabeza el organismo que componen representantes del mundo académico, judicial, de los abogados y de los legisladores, además de un representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz. Hoy ya juraron los académicos, jueces y abogados. El problema que se ha desatado es con los representantes de los legisladores.

Todo es consecuencia del fallo que dictó la Corte Suprema el 8 de noviembre pasado, cuando hizo lugar al amparo que promovió el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez y removió a su par del Frente de Todos Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Doñate llegó al Consejo como fruto de una jugada promovida por Cristina Kirchner en el Senado: partir el bloque del Frente de Todos en dos subloques para tener más representantes en el organismo que remueve y elige a los jueces de la Nación. Para la Corte, esa jugada que el kirchnerismo vivió como un triunfo fue un “ardid” y una maniobra “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

El fallo del máximo tribunal se conoció cuando estaba cambiando la composición del Consejo por el período 2022-2026. El kirchnerismo insistió con la jugada. En una sesión a la que la oposición no bajó, fueron designados los senadores oficialistas Mariano Recalde, Inés Pilatti de Vergara, Doñate y al radical Eduardo Vischi como los representantes de la Cámara Alta. Juez, que reclamaba la banca para sí, presentó un amparo que esta semana fue rechazado, mientras que se promovieron acciones penales para la vicepresidenta y el resto de los legisladores oficialistas. En ese clima, la Corte Suprema no resolvió cuándo les tomará juramento.

Pero sí había resuelto convocar a jurar a los representantes elegidos por los bloque en Diputados: los del Frente de Todos Vanesa Raquel Siley y Rodolfo Tailhade, el del PRO Álvaro González y la radical Roxana Nahir Reyes.

Sin embargo, esta semana el juez federal Martín Cormick cuestionó la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura de la Nación porque no representaría a la verdadera segunda minoría parlamentaria de la Cámara. Fue el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick que aceptó un amparo que presentó el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, contra la designación de Reyes en el Consejo. Eso fue para el período que venció el 18 de noviembre pasado. Pero Reyes volvió a ser propuesta para el cargo y ahora el magistrado dijo que por la decisión de la Corte no puede asumir. Opinó que el fallo de Doñate debia aplicarse también para el caso de Reyes.

La presidenta de la Cámara Baja Cecilia Moreau apeló la resolución. Pero al mimo tiempo anuló la resolución que nombraba a los cuatro legisladores. Esa situación derivó en un escándalo que se vivió este jueves en el Congreso, con gritos e insultos./infobae

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