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POLITICA

1 de diciembre de 2020

El peronismo le quita la protección al juez Pisa: tendrá que rendir cuentas y perdería una jubilación de $ 300 MIL

Pisa siempre se mostró alineado al ex gobernador José Alperovich.

Uno de los jueces más controvertidos del Poder Judicial de Tucumán, Juan Francisco Pisa, tendrá que rendir cuentas y podría quedarse sin su jubilación de 300 mil pesos.

La comisión de Juicio Político de la Legislatura ahora decidió por unanimidad trasladar a Pisa los siete pedidos de destitución que originó su decisión de sobreseer al femicida de Paola Tacacho, Mauricio Parada Parejas, según informó la prensa local.

Zacarías Khoder, el justicialista que preside el cuerpo, se excusó de resolver por enfrentar una causa penal radicada en el juzgado del funcionario denunciado, quien en virtud de la Ley 8.734 dispone de 15 días hábiles para contestar las impugnaciones, término que, por los feriados de diciembre, vencería a fines de este mes. En el supuesto de que los legisladores consideraran que existen motivos para solicitar la expulsión del juez ante el Jurado de Enjuiciamiento y que este órgano así lo decidiese, Pisa perdería el derecho a un haber previsional que en su caso superaría los $ 300.000 mensuales.

Aunque se estrechan las posibilidades de que el gobernador Juan Manzur acepte la dimisión condicionada al otorgamiento de la jubilación presentada el 15 de octubre, 15 días antes del crimen de Tacacho, el juez denunciado aún puede detener el procedimiento en trámite en Juicio Político: el límite para que la admisión de la dimisión por parte del jefe de Estado clausure las actuaciones es la decisión de activar la intervención del Jurado, definición que recién llegaría en febrero de 2021. Pero la realidad es que este lunes, un mes exacto después del femicidio, los legisladores oficialistas y opositores incrementaron la presión sobre Pisa para que rinda cuentas y sobre Manzur para que se abstenga de impedirlo. José María Canelada (UCR), uno de los legisladores que denunció al integrante del Poder Judicial, exigió al gobernador que no interfiera en el camino que abrió Juicio Político.

Las planteos llevan la firma de Canelada; de la estudiante Rosa Noelia Barros; de la Fundación Mujeres x Mujeres representada por Soledad Deza y Agustina Lasquera; de la activista antitrata Susana Trimarco y del abogado Carlos Garmendia por la Fundación María de los Ángeles; del legislador Raúl Albarracín (Partido por la Justicia Social); de 11 mujeres integrantes de gremios (Sindicato de Trabajadores Judiciales), organizaciones de derechos humanos (Cladem) y partidos de izquierda (Movimiento Socialista de los Trabajadores, Partido Obrero Tendencia y Partido de los Trabajadores Socialistas), y de Romina Dip. Con matices, todos estos planteos reprochan a Pisa el haber impedido el juzgamiento de Parada Parejas por la violación de restricciones de acercamiento dictadas en favor de Tacacho.

Los once legisladores en condiciones de votar coincidieron en que era necesario que, por primera vez en una carrera plagada de cuestionamientos, Pisa rindiera cuentas sobre su proceder, en esta ocasión respecto de uno de los 13 procesos que Tacacho inició contra Parada Parejas, quien se quitó la vida luego de apuñalar a la profesora de Inglés oriunda de Salta.

Se inclinaron por esta posición los oficialistas Sergio Mansilla, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Renée Ramírez, Enrique Bethencourt y Carlos Gómez; el alperovichista Julio Silman; Raúl Pellegrini (Partido por la Justicia Social) y Mario Casali (Fuerza Republicana).

Por la tarde el presidente Khoder explicó que él se apartó porque enfrenta un requerimiento de elevación a juicio por supuestos manejos irregulares de fondos públicos firmado por el fiscal Claudio Bonari en el despacho de Pisa, quien hoy está a cargo de una de las dos unidades de Instrucción de causas del antiguo sistema procesal penal jubilado el 31 de agosto. En ese ámbito, el juez recibió la denuncia explosiva que el juez Enrique Pedicone interpuso el 1 de septiembre contra Daniel Leiva, vocal de la Corte de Tucumán. Pisa emitió al menos tres decisiones -aún en discusión- favorables al denunciado Leiva: dispuso la aplicación del régimen escrito y cerrado del viejo Código; denegó los roles de querellantes y excluyó los audios grabados para sustentar la imputación de que Leiva había pedido, mediante la invocación de los nombres del gobernador y del vicegobernador Osvaldo Jaldo, el “manejo de las intensidades” de un caso de presunto abuso sexual del legislador Ricardo Bussi (Fuerza Republicana).

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